Las organizaciones no gubernamentales feministas de Turquía han alzado la voz contra un sistema que, afirman, falla en la protección de las mujeres. Denuncian graves deficiencias en varios niveles, comenzando por las comisarías de policía, donde no siempre se atienden adecuadamente las denuncias de mujeres víctimas de violencia. A esto se suman los tribunales, donde algunos jueces continúan encontrando atenuantes para los autores de feminicidios. En ocasiones, se reduce la pena de los agresores debido a su comportamiento “bueno” durante las audiencias; además, se concede libertad condicional a maridos violentos que, tras ser liberados, regresan para asesinar a sus esposas. También se han documentado comentarios inapropiados sobre la vestimenta de las mujeres que acuden a declarar.
¿Responsabilidad del gobierno?
Las organizaciones feministas responsabilizan directamente a las autoridades de esta situación. Aunque Turquía cuenta con leyes adecuadas en teoría, el gobierno prioriza la protección de la “familia”, a la que considera amenazada por los movimientos feministas, el colectivo LGBT y las influencias occidentales. Esta elección de prioridades tiene un impacto negativo en los derechos y la seguridad de las mujeres. Un ejemplo de esto es la decisión del presidente Erdogan en 2021 de retirar a Turquía del Convenio de Estambul, un tratado internacional del Consejo de Europa destinado a prevenir y combatir la violencia contra las mujeres.
En respuesta a los recientes asesinatos, el gobierno ha prometido nuevas medidas. Esta semana, el ministro de Justicia anunció la posible eliminación de las reducciones de pena por “buena conducta” y una revisión de las condiciones de libertad condicional, con el objetivo de, según sus palabras, “acabar con la sensación de impunidad”. El presidente Erdogan hizo eco de esta misma expresión.
Sin embargo, también defendió su propia gestión, afirmando que Turquía había dado “un salto cualitativo” en la lucha contra la violencia de género, que la retirada del Convenio de Estambul no había afectado negativamente a las mujeres y que el consumo de alcohol era el principal causante de la violencia, una afirmación que carece de respaldo en estudios científicos. Estos comentarios resultan más preocupantes que tranquilizadores para las ONG feministas en Turquía. /RFI
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