En medio de la creciente crisis financiera que azota a Argentina, el gobierno de Javier Milei, a través del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, ha recurrido nuevamente a medidas urgentes para frenar un posible colapso del mercado. Esta vez, la estrategia ha consistido en una intervención masiva en el mercado de bonos y acciones utilizando el fondo soberano de la ANSES, un recurso destinado originalmente a garantizar los fondos de los jubilados. La pregunta es inevitable: ¿quién pagará el precio de estas decisiones?
Desde su nombramiento al frente de la ANSES, Caputo ha implementado una política que no deja lugar a dudas: la prioridad es evitar un desastre económico inmediato, sin considerar los efectos a largo plazo. Esta vez, el detonante fue el "Criptogate", un escándalo relacionado con la criptomoneda $LIBRA, que se desató luego de que la moneda digital promovida por el gobierno sufriera una caída estrepitosa en el mercado internacional. La situación se agravó con el daño a la imagen de Milei en Wall Street, lo que originó una fuerte desconfianza entre los inversores.
El 17 de febrero de 2025, la ANSES destinó miles de millones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para comprar bonos y acciones a fin de evitar un derrumbe aún mayor de los activos argentinos. En términos más claros, el gobierno tuvo que "quemar" cerca de 650 millones de dólares entre el Banco Central y la ANSES para mantener estable el CCL y el MEP, las cotizaciones más representativas del mercado cambiario local.
A pesar de la medida urgente, la intervención no ha sido suficiente para mitigar los efectos de la crisis. Según los últimos informes, el Banco Central perdió más de 380 millones de dólares en reservas, a pesar de que informaron la compra de 171 millones de dólares. Las reservas brutas de Argentina volvieron a caer por debajo de los 28.000 millones de dólares, un mínimo que pone en evidencia la precariedad de las finanzas del país.
El impacto de estas decisiones no se limita solo a la pérdida de reservas. La calificadora internacional de deuda S&P Global Ratings rebajó el 17 de febrero la calificación de la deuda en pesos de Argentina a "Default Selectivo". La causa de esta rebaja fue el fracaso parcial de los últimos canjes de deuda en pesos, que dejaron un cupo sin cubrir y aumentaron las dudas sobre la capacidad del gobierno para cumplir con sus obligaciones. Durante el último año, Caputo canjeó deuda por 78 mil millones de pesos, con un ritmo acelerado a inicios de 2025, lo que llevó a S&P a recalificar la deuda, aludiendo a los problemas crecientes del gobierno para hacer frente a sus pagos.
A pesar de las intervenciones y los esfuerzos para evitar una crisis total, lo cierto es que el gobierno sigue "parcheando" la situación sin abordar los problemas estructurales. Las compras masivas de bonos y acciones, lejos de estabilizar la economía de manera duradera, representan un alivio temporal que no resuelve las debilidades fundamentales del sistema.
La gran pregunta sigue siendo: ¿quién pagará el precio de estas decisiones? Si bien las intervenciones están pensadas para evitar una crisis inmediata, el verdadero costo lo pagará la sociedad en el futuro. El uso de los fondos de los jubilados para financiar las compras de bonos pone en riesgo la estabilidad a largo plazo de los fondos de pensión, que deberían garantizar el bienestar de los trabajadores en su jubilación.
Además, el fracaso de los canjes de deuda en pesos refleja una creciente desconfianza de los inversores en la capacidad de Caputo para cumplir con las obligaciones financieras del país. Mientras el gobierno continúa acumulando deuda, las señales de alerta son cada vez más evidentes. La falta de un plan claro para reducir la deuda y las intervenciones constantes en el mercado reflejan un modelo económico frágil, dependiente de medidas de emergencia, que no logra resolver los problemas de fondo.
Si el gobierno continúa recurriendo a medidas desesperadas para sostener la economía, la pregunta persiste: ¿hasta cuándo se podrán seguir "parcheando" los problemas con recursos que no son infinitos? La respuesta es clara: los jubilados, los trabajadores y los sectores más vulnerables serán quienes, una vez más, paguen el costo de una crisis que no se ha sabido evitar, sino simplemente posponer.
Las intervenciones de Caputo y la política económica de Milei parecen estar diseñadas para "ganar tiempo", pero no resuelven la necesidad urgente de una reestructuración profunda del sistema económico argentino. Si no se toman medidas estructurales para reducir la deuda y generar confianza a largo plazo, las futuras generaciones podrían encontrarse con un panorama aún más sombrío.
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