La licitación de la Hidrovía, considerada una de las privatizaciones más importantes del mandato de Javier Milei, terminó en un escándalo que culminó con su suspensión por parte del gobierno. El proceso, que estaba destinado a transformar la gestión de la principal ruta fluvial argentina, generó gran expectación tanto por su magnitud, con un negocio de 9.000 millones de dólares, como por las implicaciones políticas y económicas que conlleva. Sin embargo, la licitación fue severamente impugnada por la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), que denunció un “direccionamiento” del proceso que favorecía a uno de los oferentes. A raíz de este dictamen judicial, la mayoría de los competidores se retiraron del proceso, dejando a la belga DEME como única empresa que presentó una oferta, lo que profundizó las dudas sobre la transparencia del proceso.
La denuncia de la PIA y su impacto
El escándalo estalló cuando la PIA, una fiscalía autónoma que depende del Ministerio Público, emitió un contundente pronunciamiento en el que calificaba el proceso licitatorio de “dirigido” y “fraudulento”. El informe de la PIA se basó en una denuncia presentada por diputados de la Coalición Cívica, que alertaron sobre posibles irregularidades en la confección de los pliegos. Según el dictamen, el gobierno de Milei habría diseñado el proceso de licitación de tal manera que favorecía a uno de los principales oferentes, la empresa Jan de Nul, una de las dragadoras actuales de la Hidrovía.
La intervención de la PIA causó un impacto inmediato en el proceso licitatorio. En las horas previas a la presentación de ofertas, la mayoría de los competidores decidieron retirarse para evitar quedar involucrados en un posible escándalo judicial o penal. Entre las empresas que se retiraron se encontraba la holandesa Van Oord, que había estado lista para presentar su propuesta. Según fuentes cercanas al proceso, un llamado urgente del gobierno a los ejecutivos de Van Oord les habría sugerido retirarse del proceso ante el riesgo de posibles denuncias derivadas del dictamen de la PIA. La decisión de retirarse dejó a Deme como la única empresa que formalizó su oferta, lo que aumentó las sospechas sobre la transparencia de la licitación.
Deme: la empresa denunciante y única oferente
Curiosamente, DEME, la empresa belga que había sido una de las principales denunciantes del supuesto direccionamiento del proceso, terminó siendo la única que presentó su oferta. La firma había señalado que el asesor de Milei estaba favoreciendo a Jan de Nul, lo que había generado un clima de desconfianza y acusaciones cruzadas. Sin embargo, a pesar de haber sido la única en presentar una propuesta, la empresa belga se encontró en una situación incómoda, al ser puesta en el centro de las acusaciones del gobierno de Milei. Fuentes cercanas a DEME comentaron que la empresa no responderá a las acusaciones vertidas por el gobierno, calificando la situación como “un show mediático” destinado a desviar la atención del fracaso del proceso.
El gobierno de Milei responde y acusa a los medios
En una conferencia improvisada en la Casa Rosada, el portavoz oficial Manuel Adorni intentó defender el proceso y le echó la culpa a los medios de comunicación, sectores políticos y empresarios que, según él, habrían hecho lobby durante el proceso. Según Adorni, “sectores de la política, medios y sectores empresarios hicieron lobby en favor de sus propios intereses y le demandaron al gobierno que baje los estándares técnicos del pliego solo por beneficio propio”. Además, acusó a los medios de comunicación de generar una campaña en contra del gobierno, señalando que se había dicho que el proceso estaba direccionado en favor de Jan de Nul y que, además, el gobierno había sido demasiado exigente en sus requisitos.
A pesar de las explicaciones de Adorni, la situación quedó aún más enrarecida. Fuentes cercanas a la empresa Deme aseguraron que no comprendían cómo habían quedado en el centro de la controversia, siendo ellos los únicos en presentar una oferta. Según estas fuentes, la situación era solo una distracción para encubrir el “papelón” que el gobierno había hecho con la licitación.
¿Por qué se retiraron las empresas?
El gobierno no ha explicado con claridad por qué las demás empresas se retiraron de la licitación a último momento. Algunos sectores especulan que las empresas temían quedar atrapadas en un escándalo judicial y preferían retirarse antes que verse involucradas en una posible denuncia penal derivada del fallo de la PIA. Entre los oferentes que se retiraron estaba Jan de Nul, que había sido una de las empresas más señaladas en las denuncias de direccionamiento del proceso, pero también la holandesa Van Oord, que en principio se había preparado para presentar su oferta, pero terminó abandonando el proceso tras un llamado del gobierno.
Según versiones no confirmadas, el gobierno habría instado a las empresas competidoras a retirarse del proceso para dar de baja la licitación y evitar que el escándalo continuara escalando. Sin embargo, este movimiento no fue comunicado a Deme, lo que permitió que la empresa belga fuera la única que formalizó su oferta. Esto generó más dudas sobre las intenciones del gobierno y la transparencia del proceso.
El costo político de la fallida licitación
El escándalo de la licitación de la Hidrovía se ha convertido en un golpe político importante para el gobierno de Milei. Santiago Caputo, uno de los principales responsables del proceso, ha sido señalado como uno de los principales culpables del fracaso. Caputo, quien había militado activamente para que la licitación avanzara, tuvo que hacer frente a las crecientes críticas tanto dentro del propio gobierno como fuera de él. En un momento crítico, su tío, el ministro Toto Caputo, le preguntó directamente a Milei si debía continuar con la licitación tras el fallo de la PIA, lo que pone de manifiesto la magnitud del fracaso.
Además, el fracaso de la licitación representa una derrota ideológica significativa para el gobierno de Milei, que había elegido este tema como una de sus principales reformas para mostrar que podían resolver los problemas estructurales de la economía argentina. La paralización de la Hidrovía también alimenta la creciente percepción de que el gobierno de Milei ha perdido impulso en cuanto a las reformas económicas y ha sido incapaz de generar cambios sustanciales en la economía real.
El futuro de la Hidrovía
En el sector se especula que, ante el escándalo, el gobierno no adjudicará la licitación a DEME, que se ha convertido en un enemigo público de Santiago Caputo. En cambio, se prevé que la licitación se declare desierta y que se mantenga el contrato prorrogado con Jan de Nul, la dragadora histórica que ha operado en la Hidrovía durante años, bajo las mismas condiciones que el gobierno kirchnerista. Este escenario, aunque controversial, permitiría evitar mayores complicaciones legales y políticas, aunque dejaría al gobierno en una posición incómoda frente a la opinión pública.
La Hidrovía, que conecta el río Paraná con el resto del mundo, sigue siendo el activo más importante para la economía argentina. A través de esta vía fluvial se exportan miles de toneladas de soja, maíz, trigo y otros productos agrícolas, que representan una fuente crucial de divisas para el país. El futuro de este corredor logístico sigue siendo incierto, pero lo que parece claro es que el gobierno de Milei tendrá que tomar decisiones rápidas para evitar que este fracaso se convierta en un lastre para su gestión. /LPO
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