A pocas horas de lo que sería un esperado recital gratuito de Milo J en el Espacio Memoria y Derechos Humanos de la ex ESMA, la Justicia aprobó la medida cautelar solicitada por el Ministerio de Justicia de la Nación, suspendiendo el evento. La decisión fue tomada por la jueza María Alejandra Biotti tras la petición del gobierno de Javier Milei, que argumentó la falta de autorización para la realización del show en un predio destinado a la memoria histórica.
El recital, que había generado gran expectativa entre los jóvenes, iba a ser el escenario para la presentación de la edición de lujo del último disco de Milo J, 166. Sin embargo, la cancelación abrupta dejó a miles de fanáticos sin poder disfrutar del espectáculo.
El directorio de la ex ESMA expresó su malestar por la intervención judicial y la actitud del gobierno nacional. “El gobierno de Milei censuró a Milo J y dejó a 20.000 jóvenes sin su recital”, denunciaron los organismos de Derechos Humanos durante una conferencia de prensa realizada en las inmediaciones del predio. Además, la medida judicial estuvo acompañada de una fuerte presencia policial tanto en las cercanías como dentro de los edificios de la ex ESMA, lo que aumentó la tensión en el ambiente.
Milo J, quien había promocionado el evento como una cita de acceso libre y gratuito, se mostró visiblemente afectado por la suspensión. A través de un video en vivo en su cuenta de Instagram, el cantante confirmó la cancelación y pidió a sus seguidores que se retiraran pacíficamente, ante la presencia de las fuerzas de seguridad. “No quiero que a ningún fan le pase nada, hablo en serio, pórtense bien”, expresó con tristeza, y denunció que el gobierno había presentado documentación falsa para justificar la suspensión del recital.
“Supongo que juntar 20.000 personas en un espacio de memoria al Gobierno de ahora no le gusta”, ironizó el músico, quien lamentó que su intención de ofrecer un recital gratuito hubiera sido bloqueada por las autoridades. Desde el gobierno, se explicó que la suspensión se debía a que el evento no contaba con la debida autorización de las autoridades competentes, incluyendo la Secretaría de Derechos Humanos, encargada de velar por la preservación del espacio de memoria.
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