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Megaoperativo en Flores: entre el clasismo y la aporofobia

El reciente megaoperativo en el barrio de Flores, donde más de 5000 manteros fueron desalojados, dejó al descubierto una vez más la falta de sensibilidad social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que eligió una respuesta inflexible y desmedida frente a una realidad de pobreza y precariedad. Con la participación de más de 550 efectivos de diferentes cuerpos de seguridad y más de 50 allanamientos en depósitos, el operativo no solo buscaba erradicar el comercio informal, sino que mostró una clara expresión de aporofobia y clasismo hacia aquellos que sobreviven en la marginalidad.

A lo largo de la avenida Avellaneda, el despliegue de patrullas y efectivos dio una imagen que más que de control, parecía de un castigo hacia los trabajadores informales, aquellos que, por necesidad, se ven obligados a ganarse la vida en condiciones precarias. Mientras el Gobierno de Jorge Macri difundía las imágenes del operativo con el fin de mostrar su rigidez ante lo que consideran “ilegalidad”, se pasaba por alto una realidad mucho más compleja: la pobreza estructural que lleva a miles de personas a tomar las calles para subsistir.

La aporofobia, el rechazo sistemático hacia las personas en situación de pobreza, se mostró de manera clara en esta intervención. En lugar de abordar las causas profundas de la informalidad laboral, como la falta de empleo digno o la ausencia de políticas públicas inclusivas, el operativo se centró en la criminalización de los más pobres, aquellos que no tienen otro recurso que sobrevivir en la informalidad. La idea de que los manteros son “delincuentes” o “parásitos sociales” es una visión profundamente aporofóbica, que los presenta como una amenaza para el orden social, sin tener en cuenta las circunstancias que los han llevado a esa situación.

Pero la aporofobia no es el único factor en juego aquí: el clasismo también está presente en la mirada que el Gobierno de la Ciudad tiene sobre los sectores más humildes. Al optar por un operativo masivo, con decenas de patrullas y efectivos policiales, se está enviando un mensaje claro: los pobres no tienen cabida en los espacios de la ciudad que son para “los ciudadanos respetables”. Esta concepción de “nosotros” frente a “ellos” es una forma de clasismo institucionalizado, donde los más vulnerables son sistemáticamente excluidos y estigmatizados, en lugar de ser comprendidos y apoyados.

El uso desproporcionado de la fuerza y la espectacularización del operativo no solo revela una visión distorsionada de la realidad, sino que también muestra una falta de empatía hacia aquellos que, por falta de oportunidades y recursos, han sido empujados a la marginalidad. Este tipo de medidas no resuelven el problema, sino que lo agravan, ya que no abordan las causas estructurales de la pobreza. Al contrario, perpetúan una visión donde los pobres son vistos como una amenaza, en lugar de ser considerados como víctimas de un sistema que los ha dejado atrás.

Las imágenes del operativo, con una cobertura casi cinematográfica, solo sirven para reforzar los prejuicios sociales y contribuir a la estigmatización de los sectores más desfavorecidos. La solución no está en desalojar y criminalizar a los más vulnerables, sino en promover políticas públicas que generen oportunidades reales para que puedan salir de la pobreza y acceder a una vida digna. Mientras tanto, las políticas de represión solo perpetúan la exclusión y dividen aún más a una sociedad que debería ser inclusiva y solidaria.

En este escenario, el operativo de Flores no fue solo una acción policial; fue una clara manifestación de aporofobia y clasismo, de un sistema que prefiere la represión antes que la inclusión, y que opta por criminalizar la pobreza en lugar de atacar sus causas profundas. Sin una verdadera reflexión sobre estas cuestiones, seguiremos viendo cómo las personas más vulnerables se convierten en chivos expiatorios de un modelo económico y social que las ignora y las condena a vivir al margen.


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