El presidente Javier Milei se enfrenta a un revés significativo en su intento por nombrar a los nuevos jueces de la Corte Suprema, tras no conseguir el apoyo necesario en el Congreso. A pesar de la fuerte presión del Ejecutivo, el Senado no aprobó la designación de Ariel Lijo como juez, quien había sido promovido por el propio Ricardo Lorenzetti, uno de los referentes más poderosos del ámbito judicial.
A medida que se intensificaba el escándalo relacionado con las criptomonedas, las sospechas de corrupción vinculadas al gobierno de Milei comenzaron a socavar las negociaciones con la oposición. Así, se desmoronó la posibilidad de designar a Lijo a través de un acuerdo legislativo. La falta de consenso entre el PJ, el PRO y otras fuerzas políticas dejó al presidente sin los votos necesarios para avanzar con la nueva composición de la Corte Suprema.
El intento por convocar a una sesión especial en el Senado que permitiera votar la designación de Lijo también fracasó, ya que Milei no logró reunir el quórum necesario. Con este panorama, el oficialismo se vio obligado a posponer el debate hasta el 1° de marzo, cuando inicien las sesiones ordinarias.
Ante este fracaso, el gobierno de Milei decidió avanzar con un plan B: designar por decreto a los dos jueces propuestos, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. La estrategia del Ejecutivo busca así evadir el bloqueo legislativo y continuar con la reestructuración del máximo tribunal sin la aprobación del Congreso.
El impulsor de Lijo, el juez Lorenzetti, había asegurado que la designación contaría con el respaldo de suficientes votos en el Senado, pero ese apoyo no se materializó. La falta de acuerdo político, sumada a la crisis interna en el oficialismo y la creciente presión de la oposición, dejaba a Milei sin opciones.
Con los ojos puestos en la crisis económica y las crecientes dudas sobre la gestión de Milei, el gobierno también se enfrenta a desafíos en otros frentes. La caída en las reservas del Banco Central y las complicaciones judiciales derivadas del escándalo cripto han debilitado aún más su posición. En este contexto, el presidente y su entorno parecen recurrir a una estrategia de comunicación agresiva, involucrando a periodistas y aliados en una guerra de palabras para desviar la atención de los problemas fundamentales.
El desenlace de esta situación podría tener consecuencias graves para la estabilidad política de Milei, quien, en medio de un ambiente cargado de tensión y sospechas, se enfrenta a un creciente rechazo tanto en el Congreso como en el ámbito judicial. Mientras tanto, el gobierno se apresta a tomar decisiones por decreto, desafiando las resistencias del poder legislativo y buscando mantener el control de la Corte Suprema sin la aprobación del Congreso.
Sin embargo, esta maniobra podría terminar generando más tensiones, ya que las críticas de la oposición y las acusaciones de corrupción no cesan. A medida que se acercan las elecciones, la situación de Milei podría volverse insostenible si no logra restaurar la confianza tanto dentro de su propio espacio político como en la sociedad argentina.
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