El presidente Javier Milei reactivó el proceso de ascenso para 15 tenientes del Ejército al rango de coronel, a pesar de que algunos de ellos tienen familiares con vínculos con represores de la última dictadura militar. La medida, que debe ser aprobada por el Senado, ha desatado una fuerte controversia, ya que en 2010 la expresidenta Cristina Kirchner bloqueó estos ascensos debido a los lazos familiares de los oficiales con militares condenados por crímenes de lesa humanidad.
Desde el oficialismo, se defendió la decisión alegando que busca corregir una "injusticia histórica". Fuentes cercanas al gobierno señalaron que los oficiales fueron castigados "por portación de apellido", asegurando que no pudieron avanzar en sus carreras únicamente por ser hijos o sobrinos de represores. De esta manera, la administración de Milei marca una clara distancia con las políticas aplicadas durante los gobiernos kirchneristas, con un enfoque que podría resultar controversial en medio de un contexto de demandas de justicia por los crímenes de la dictadura.
Los militares que recibirán el ascenso son: Guillermo Alejandro Saá, Jorge Luis Toccalino, Ricardo Horacio Muñoz, Ramón Centeno de la Vega, Francisco Javier Canevaro, Marcelo Ramón Borzone, Mario Alejandro Díaz, Justo Rojas Alcorta, Edgardo Calvi, Gustavo Cattáneo, Julio Balloffet, Oscar Faisal, Marcelo Huergo, Pedro Tagni y Antonio Agustín Duarte. En diciembre pasado, Milei ya había promovido a seis oficiales de la Armada bajo un criterio similar, ascendiendo a capitanes de fragata.
Este movimiento del presidente no solo cuenta con su apoyo, sino también con el respaldo del ministro de Defensa, Luis Petri. Desde el gobierno insisten en que los oficiales cumplen con todos los requisitos legales y que los informes de la ex Secretaría de Derechos Humanos no encontraron antecedentes penales en los expedientes de los involucrados. Sin embargo, la decisión está lejos de ser vista de manera unánime, especialmente por organismos de derechos humanos.
Estos grupos interpretan la medida como un intento de reivindicar a militares ligados al pasado oscuro de la dictadura, lo que ha generado una fuerte reacción en la sociedad. Este viernes, las Madres de Plaza de Mayo y otros colectivos convocaron una nueva Marcha de la Resistencia, bajo el lema "Una memoria que arde. Una lucha que no se apaga". La manifestación, que recorrió la Plaza de Mayo y continuará durante 24 horas, también expresó su rechazo a otras decisiones del gobierno, como la cancelación del recital de Milo J en la ex ESMA.
Desde el oficialismo, se argumenta que el kirchnerismo usó estos ascensos como una herramienta de presión política, y que la decisión de Milei busca rectificar un veto que consideran injustificado. No es la primera vez que se intenta reactivar estos ascensos; durante la presidencia de Mauricio Macri, el entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad, también trató sin éxito de desbloquear los ascensos de estos oficiales, pero la iniciativa nunca avanzó.
Con esta medida, el gobierno de Milei no solo profundiza su postura en un tema tan sensible, sino que avivará las tensiones con organismos de derechos humanos y agrupaciones que denuncian un retroceso en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. El Senado será ahora el encargado de decidir si aprueba estos ascensos o si mantiene el veto, una resolución que, de tomarse, probablemente seguirá alimentando el clima de polarización política en el país. /DataClave
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