En su discurso inaugural ante la Legislatura de Tucum谩n, el gobernador Osvaldo Jaldo adelant贸 su intenci贸n de eliminar el Acuerdo Fiscal Municipal, conocido como “Pacto Social” o “Pacto Fiscal”. El objetivo detr谩s de esta decisi贸n es permitir que los municipios tengan mayor control sobre sus recursos y puedan gestionarlos de manera aut贸noma. Esta propuesta, que apunta a una reconfiguraci贸n de la relaci贸n entre la provincia y los gobiernos locales, ha generado un amplio debate pol铆tico y social.
El Pacto Fiscal, vigente durante los 煤ltimos 25 a帽os, fue firmado en el a帽o 2000 durante la gesti贸n de Julio Miranda, con Jos茅 Alperovich como ministro de Econom铆a. Su principal funci贸n era permitir que los municipios cedieran el 100% de sus fondos coparticipables tanto nacionales como provinciales, adem谩s de otros fondos, como el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI). A cambio, la provincia asum铆a el compromiso de garantizar el pago de salarios, aguinaldos, servicios p煤blicos esenciales y ciertas obras de infraestructura. La Ley 8.829 establece el Convenio Consensuado de Fondos Unificados, que regula este pacto. Sin embargo, para muchos, el acuerdo limita la autonom铆a de los municipios, que dependen de los recursos provinciales y no pueden gestionar de manera independiente sus finanzas.
La idea de Jaldo es permitir que cada municipio administre sus propios recursos. Durante su discurso, el gobernador expres贸 que su objetivo es que los intendentes puedan gestionar sus fondos sin la intervenci贸n provincial, al menos en la magnitud actual. “Nuestra meta es trabajar con los intendentes para que cada uno de ellos pueda administrar con recursos propios. Es decir, ir saliendo del Pacto o del Acuerdo Fiscal, y de este modo tener una autonom铆a plena, siempre con el acompa帽amiento del Gobierno de la Provincia de Tucum谩n, en el caso de resultar necesario”, explic贸 Jaldo. Este anuncio podr铆a modificar profundamente la relaci贸n de poder entre la provincia y los municipios, que actualmente depende de la distribuci贸n centralizada de los recursos. Sin embargo, existen desaf铆os legales y pol铆ticos para avanzar en este camino.
En 2024, once municipios firmaron el Acuerdo Fiscal, entre ellos Aguilares, Alberdi, Alderetes, Banda del R铆o Sal铆, Bella Vista, Famaill谩, Lules, Monteros, Taf铆 del Valle, Yerba Buena y Taf铆 Viejo (que se retir贸 en 2025). Adem谩s, algunos municipios como Concepci贸n decidieron abandonar el pacto en 2024. A pesar de esta tendencia, la salida del sistema no es sencilla. Intendentes y concejales opositores afirman que, para lograr la autonom铆a financiera, se deben modificar varias leyes fundamentales, como la Ley de Coparticipaci贸n (6.316), la Ley Org谩nica de las Municipalidades (5.529) y la Ley de Categorizaci贸n de los Municipios (5.530). Actualmente, existen proyectos de reforma en la Legislatura, pero ninguno ha sido tratado formalmente.
La discusi贸n sobre el Pacto Fiscal cobr贸 mayor relevancia en septiembre de 2023, cuando varios intendentes de la oposici贸n, especialmente de la UCR, criticaron la asignaci贸n de fondos, acusando al gobierno provincial de discriminar a algunos municipios en la distribuci贸n de recursos no reintegrables. La controversia alcanz贸 su punto m谩ximo cuando se revel贸 que Banda del R铆o Sal铆 hab铆a recibido el doble de fondos que Taf铆 Viejo y Yerba Buena, a pesar de que estos 煤ltimos tienen una poblaci贸n mayor, seg煤n el Censo 2022. Desde el Ejecutivo provincial, se explic贸 que los fondos se distribuyen seg煤n el n煤mero de empleados municipales en blanco. As铆, Banda del R铆o Sal铆 cuenta con 1.800 empleados, mientras que Taf铆 Viejo y Yerba Buena tienen 600 y 950 empleados, respectivamente. Sin embargo, este sistema de distribuci贸n sigue siendo un tema sensible para muchos intendentes.
En agosto de 2024, Jaldo dej贸 abierta la posibilidad de modificar la Ley de Coparticipaci贸n, se帽alando que “todo es conversable y discutible” en el marco de una serie de cambios pol铆ticos y electorales que podr铆an afectar la estructura administrativa de la provincia. Si bien la reforma podr铆a abrir una nueva etapa para los municipios, tambi茅n depender谩 de la renegociaci贸n de las deudas de algunos municipios con la provincia. El debate sobre la autonom铆a municipal est谩 en pleno desarrollo, y las decisiones que tome el gobierno provincial en los pr贸ximos meses podr铆an redefinir las competencias y las responsabilidades de los gobiernos locales. Mientras tanto, los intendentes, tanto aliados como opositores, siguen de cerca el avance de estas reformas que podr铆an modificar el equilibrio pol铆tico y administrativo en Tucum谩n.
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