El Gobierno nacional continúa su proceso de reestructuración del Estado, con una nueva medida que disuelve la Administración General de Puertos (AGP), un organismo estatal creado en 1956 y bajo la órbita de la Secretaría de Transporte. Esta decisión, la segunda de su tipo en lo que va del mandato de Javier Milei, llega tras la eliminación de Trenes Argentinos Capital Humano en octubre del año pasado, lo que demuestra el empeño del Ejecutivo en aplicar un ajuste económico drástico que no solo afecta a las estructuras del Estado, sino también a miles de trabajadores.
La disolución de la AGP fue anunciada por el portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien calificó a la entidad como un "antro de corrupción y privilegios" en un mensaje en sus redes sociales. En ese mismo post, el funcionario comunicó la creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), que absorberá las funciones de la AGP y otros dos organismos, en un proceso que, según el Gobierno, buscará "mayor eficiencia" y "menores costos". Sin embargo, detrás de estas promesas de mejora se esconde un ajuste que tendrá un alto costo social.
En efecto, la medida implica la eliminación de áreas y entes con funciones duplicadas, lo que redundará en una reducción del 79% del personal, según la información oficial. Esto se traduce en miles de puestos de trabajo perdidos en un sector clave para la economía nacional, el de la administración de puertos y vías navegables. La promesa de "eficiencia" se convierte en una fachada para un despido masivo que impacta en trabajadores y sus familias, mientras se lleva a cabo una reestructuración sin consideración por el impacto social de tales decisiones.
La reestructuración incluye, además, la venta de "activos innecesarios", lo que ha despertado dudas sobre la verdadera intención detrás de la creación de la nueva agencia. La administración de puertos, lejos de ser una función puramente técnica, está siendo sometida a un proceso de privatización y concesión, un modelo que ya ha demostrado sus fallos en otras áreas del Estado.
Privatización de la Hidrovía: el riesgo de una gestión privada sin control estatal
Un aspecto central de la reestructuración es la privatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay, uno de los corredores comerciales más importantes del país. El Gobierno, a través de un proceso licitatorio iniciado el pasado 20 de noviembre, busca ceder la concesión de esta vital arteria fluvial a una empresa privada por un contrato de 30 años. Con la firma de la Disposición 34/2024 en el Boletín Oficial, el Estado abandona su rol de gestor y supervisor de la vía navegable troncal, un paso que pone en riesgo la soberanía y el control sobre un activo estratégico para el desarrollo económico del país.
El futuro concesionario asumirá el control total de la Hidrovía, con el objetivo de "mejorar los servicios" y "atraer inversiones", según el Gobierno. Sin embargo, el modelo de privatización plantea serias interrogantes sobre el alcance de las inversiones necesarias para la modernización y sobre el impacto que esta privatización tendrá en los costos para el sector exportador, un componente clave de la economía argentina. Además, la nueva concesión podría resultar en un incremento de las tarifas para los usuarios de la vía, lo que afectaría directamente la competitividad del país.
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