El Congreso se prepara para una nueva semana cargada de tensiones políticas. El próximo martes comenzará el tratamiento del Presupuesto 2026 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, luego de semanas de demora y de la renuncia del libertario José Luis Espert, quien dejó su cargo en medio del escándalo por sus presuntos vínculos con un empresario investigado por narcotráfico.
La discusión llega en un contexto en el que la oposición impulsa un cronograma de trabajo concreto, mientras que el oficialismo busca estirar los plazos hasta después del recambio legislativo de diciembre. En la práctica, el Gobierno intenta ganar tiempo y evitar un debate en el Congreso actual, donde no cuenta con los números necesarios para garantizar la aprobación de la ley.
Los bloques opositores, encabezados por Nicolás Massot (Encuentro Federal), acordaron un calendario de seis reuniones de comisión, que se desarrollarán entre el 15 y el 29 de octubre. El objetivo es lograr dictamen el 4 de noviembre y llevar el proyecto al recinto la semana siguiente, para que el Senado pueda sancionarlo antes del 10 de diciembre.
Mientras tanto, el libertario Bertie Benegas Lynch quedará al frente de la comisión tras la salida de Espert. Desde el oficialismo insisten en que sería un “escándalo” que el cargo no quede en manos de La Libertad Avanza, aunque desde Unión por la Patria aseguran que no hay intención de modificar la actual conformación de las comisiones.
La estrategia del Gobierno: ganar tiempo y controlar el escenario
Pese a la presión opositora, la Casa Rosada pretende demorar la discusión en el recinto lo máximo posible. Según confirmaron fuentes oficiales, la intención es que el debate se retome recién después del 10 de diciembre, cuando el oficialismo proyecta tener mayor margen político.
Esa decisión implicaría prorrogar las sesiones ordinarias o incluso incluir el Presupuesto 2026 dentro de un temario de sesiones extraordinarias el año próximo. Una maniobra que marcaría distancia de lo sucedido este año, cuando el Ejecutivo no incluyó el tema en las extraordinarias de enero y febrero, pese a las promesas de tratarlo.
Aunque desde el Gobierno aseguran que no existe una presión directa de Estados Unidos ni del Fondo Monetario Internacional, la necesidad de mostrar capacidad de gestión ante los mercados y ante Donald Trump —principal aliado internacional de Javier Milei— parece pesar más que la institucionalidad parlamentaria.
De hecho, el FMI ya había señalado a mediados de septiembre que “espera con ansias el Presupuesto 2026”, una forma sutil de marcar el interés del organismo en recuperar previsibilidad en la política económica argentina.
Un escenario económico que desafía las proyecciones oficiales
Otra dificultad radica en los números del propio proyecto. El texto enviado hace dos meses por el Ejecutivo prevé un dólar a 1.325 pesos en diciembre y una inflación de apenas 24% para 2025, indicadores que incluso dentro del oficialismo reconocen como poco realistas. La postergación del debate podría obligar al Gobierno a revisar esas metas y admitir el desajuste con la realidad económica.
Desde la oposición, las críticas apuntan en ese sentido. Legisladores radicales anticiparon que el proyecto “debe trabajarse mucho” porque “los números macro no coinciden con la realidad”, aunque remarcaron su voluntad de aprobar una ley de Presupuesto para evitar que el país continúe bajo la prórroga del esquema de 2023, como ocurrió en los últimos dos años.
Más allá de los discursos, el Gobierno de Milei parece repetir una estrategia que ya le ha resultado funcional: administrar los recursos sin un Presupuesto votado, lo que le otorga margen para reasignar partidas a discreción y sostener su política de ajuste. Esta vez, sin embargo, el costo político podría ser mayor si el Congreso, presionado por los tiempos electorales, decide avanzar sin el visto bueno del oficialismo.
.jpeg)
.jpeg)
0 Comentarios