La Casa Rosada ya despliega el borrador de la reforma laboral que pretende someter al Congreso en 2026, tomando como base la “Ley de Promoción de Inversiones y Empleo” presentada por la diputada Romina Diez a fines de 2024. El texto, promovido por el oficialismo como herramienta para formalizar empleo y atraer inversiones, agrupa medidas que —según sus impulsores— buscan dinamizar el mercado laboral; para buena parte de los analistas y sindicatos, en cambio, encierra un viraje hacia una mayor flexibilización que podría debilitar derechos y aumentar la precariedad.
En lo sustantivo, el proyecto combina incentivos fiscales para pequeñas y medianas empresas con cambios sustanciales en la regulación del trabajo: ampliación de la jornada (con esquemas que permitirían llegar hasta 12 horas), posibilidad de bancos de horas, fragmentación de las vacaciones y la opción de pagar indemnizaciones y multas laborales en cuotas. Esas medidas, presentadas como alivio para las pymes, suponen para los críticos una transferencia de riesgo hacia los trabajadores y una rebaja en los costos que hoy sostienen las garantías laborales.
El texto sostiene la irrenunciabilidad de derechos —es decir, que no pueden firmarse renuncias que disminuyan las protecciones laborales— pero introduce la facultad de la autoridad de aplicación para homologar modificaciones “esenciales” al contrato y habilitar nuevas modalidades de trabajo siempre que no resulten “irrazonables”. En la práctica, advierten opositores y juristas laborales, esa fórmula abre una puerta amplia a negociaciones por empresa que pueden erosionar estándares colectivos y concentrar poder de decisión en los empleadores.
En materia de salarios y registración, la iniciativa permite formas variadas de pago y valida recibos digitales con conservación electrónica. También contempla flexibilizaciones en licencias y en la imposición de regímenes especiales acordados por convenio. Quienes defienden el proyecto sostienen que la digitalización y la flexibilidad modernizan la relación laboral; sus detractores replican que sin fuertes salvaguardas estas medidas facilitan prácticas que precarizan la ocupación y dificultan la fiscalización.
Un punto particularmente controverso es el mecanismo propuesto para las indemnizaciones: el proyecto autoriza el pago en hasta 12 cuotas para pymes, un alivio financiero para empresas pequeñas que, según críticos, reduce la compensación inmediata que corresponde a un despedido y diluye la sanción económica por desvinculaciones irregulares. Lo mismo ocurre con la flexibilización de convenios —incluida la negociación por empresa o sector— y con la ampliación de la jornada mediante bancos de horas, estrategias que especialistas en derecho laboral y sindicatos califican como recortes encubiertos a la protección laboral.
El Gobierno busca presentar el texto como el punto de partida para un acuerdo más amplio que se construya en mesas con gobernadores, dirigentes sindicales y cámaras empresarias. Sin embargo, la negociación llega en un contexto de alta conflictividad social y desconfianza entre las partes: hay quienes temen que la promesa de más empleo formal sea insuficiente para compensar la pérdida de condiciones laborales y el posible aumento de la informalidad encubierta. La reforma, tal como está planteada públicamente, parece inclinar la balanza hacia la reducción de costos empresariales antes que al refuerzo de mecanismos que garanticen empleos estables y de calidad.
La batería de cambios —vacaciones fraccionadas, digitalización de recibos, límites en la ultraactividad de convenios y extensión de períodos de prueba— exige, en opinión de sus críticos, una discusión más rigurosa sobre cómo se asegurarán inspección eficaz, cumplimiento y protección real de los trabajadores. De no mediar contrapesos institucionales y mayores garantías para los empleados, las modificaciones podrían profundizar la asimetría entre capital y trabajo en el mercado argentino.
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