El presidente Javier Milei firmó el Decreto 697/2025, mediante el cual autorizó el ingreso de tropas de Estados Unidos para realizar ejercicios militares en bases navales argentinas entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre. La decisión, que evita el tratamiento parlamentario, generó rechazo político y críticas de especialistas en defensa por la vulneración de normas constitucionales.
Ejercicios previstos en bases estratégicas
El decreto habilita la presencia de las Fuerzas Navales de Operaciones Especiales del Comando Sur de Estados Unidos en las bases de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano, en el marco del operativo conjunto denominado “Tridente”. El anexo oficial detalla que las maniobras demandarán más de 60 millones de pesos e involucrarán a la Flota de Mar, la Aviación Naval, la Fuerza de Submarinos y la Infantería de Marina.
El Gobierno sostiene que el objetivo es “intercambiar tácticas y procedimientos en escenarios complejos, tanto de combate como de asistencia humanitaria”, además de reforzar la cooperación con las fuerzas norteamericanas. También en octubre se desarrollará en Chile el operativo binacional “Solidaridad”, orientado a la respuesta ante catástrofes naturales, con participación argentina y respaldo legal de acuerdos vigentes.
Eludir al Congreso
La Constitución establece que el ingreso de tropas extranjeras requiere autorización parlamentaria. Sin embargo, el Ejecutivo justificó el decreto bajo la figura de Necesidad y Urgencia (DNU), alegando que el plan de ejercicios aún no fue tratado por las comisiones de Defensa y Relaciones Exteriores. Para críticos, se trata de un bypass institucional grave.
El especialista en defensa Luciano Anzelini advirtió que la decisión implica “una violación del artículo 75 inciso 28 de la Constitución y de la ley 25.880”, que fija el procedimiento legislativo para estos casos. Además, calificó al operativo Tridente como “estratégicamente sensible”, por desarrollarse en Tierra del Fuego, zona clave por su proyección hacia la Antártida y el Atlántico Sur.
Rechazo en Tierra del Fuego y en la política
El decreto fue repudiado por referentes de la oposición y por autoridades de Tierra del Fuego. El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, señaló que la provincia “no es moneda de cambio para fines electorales” y que la decisión compromete los derechos soberanos sobre Malvinas y la Antártida. También legisladores provinciales y nacionales expresaron su desacuerdo.
Un sondeo de Zuban Córdoba, realizado a fines de septiembre, reveló que 7 de cada 10 argentinos rechazan la instalación de una base militar estadounidense en el sur del país a cambio de apoyo financiero.
Contexto geopolítico
Para los analistas, la medida forma parte de un alineamiento más estrecho con Washington, en momentos en que el Gobierno argentino depende del respaldo económico de la administración Trump. Según Anzelini, “este giro busca dar señales inmediatas a Estados Unidos en medio del salvataje financiero, pero implica riesgos al insertarse en la disputa global con China, que ya fue desplazada de varios proyectos estratégicos en Argentina, como Atucha III, el puerto de Río Grande y la Hidrovía”.
En ese marco, el especialista alertó sobre lo que denomina una “occidentalización dogmática”: “Argentina se posiciona de forma acrítica, resignando capacidad de negociación, cuando debería diseñar una estrategia más equilibrada de cooperación y restricción frente a las potencias”.
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