Tras los resultados de las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei inicia una nueva etapa de gestión marcada por la profundización de su programa de reformas estructurales. Si bien las iniciativas laboral, tributaria y previsional ya forman parte de la agenda pública, el Gobierno se comprometió además con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a avanzar en otras transformaciones y ajustes durante noviembre y diciembre.
Con una mayor representación libertaria en el Congreso, el Ejecutivo busca consolidar consensos políticos para impulsar las medidas previstas. En esa línea, Milei recibió en Casa Rosada a un grupo de gobernadores con los que pretende acordar la aprobación de los proyectos clave.
Entre las reformas inmediatas, la laboral ocupa un lugar central. Según explicó el secretario de Trabajo, Julio Cordero, la propuesta apunta a habilitar paritarias segmentadas por empresa y establecer un “salario dinámico”, en el que una parte del ingreso se determine según la productividad individual del trabajador. También incluiría la sustitución de las horas extra por un sistema de “banco de horas”, la digitalización de los contratos, la posibilidad de cobrar en distintas divisas y la incorporación de límites a lo que el oficialismo define como “la industria del juicio”.
En el plano tributario, Milei adelantó que el Gobierno eliminará alrededor de 20 impuestos considerados distorsivos y con escaso impacto recaudatorio. Además, se prevé una revisión integral del régimen del Impuesto a las Ganancias para personas humanas, con el objetivo de simplificar el esquema y reorientar la carga impositiva.
La reforma previsional, en tanto, se postergará para 2026. Desde el Ejecutivo sostienen que su aplicación requiere previamente una mejora en la generación de empleo formal, como resultado de la reforma laboral. Aunque el texto definitivo aún no está definido, se especula que podría contemplar un aumento de cinco años en la edad jubilatoria y un cálculo de haberes vinculado a los años de aportes. El acuerdo con el FMI señala que la iniciativa deberá “mejorar la equidad y sostenibilidad del sistema”, simplificando su estructura y fortaleciendo la relación entre contribuciones y prestaciones.
Junto con estas reformas de mayor alcance, el Gobierno asumió ante el FMI el compromiso de aplicar otras medidas antes de fin de año. Entre ellas se destaca la reducción de subsidios energéticos para luz y gas, con el objetivo de acercar las tarifas al costo real del servicio y mejorar la eficiencia del mercado. Esta política se complementa con la desregulación del Mercado Eléctrico Mayorista, iniciada con la resolución 420/2025, que disminuye la intervención de CAMMESA en el sector.
Por otra parte, se acordó que para mediados de noviembre el Ejecutivo presentará una hoja de ruta para la privatización de empresas públicas incluidas en la Ley Bases, entre las que figuran Intercargo, Enarsa, Nucleoeléctrica Argentina, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, AySA, Belgrano Cargas, SOFSE y Corredores Viales.
En paralelo, también se prevé una revisión de programas sociales, entre ellos la Asignación Universal por Hijo (AUH), y la eliminación de organismos considerados deficitarios. Estas acciones forman parte de la estrategia oficial para reducir el gasto público y cumplir con los compromisos fiscales asumidos ante el Fondo.
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