Río de Janeiro fue escenario del operativo policial más sangriento en la historia de Brasil. Las cifras oficiales varían entre 121 y 132 muertos, según los registros de la Policía y la Defensoría Pública, superando así la masacre de 1992 en la cárcel de Carandiru, en San Pablo. El despliegue, dirigido contra el grupo narcotraficante Comando Vermelho, se desarrolló principalmente en la zona de Vacaria, en la Serra da Misericórdia, donde se registraron los enfrentamientos más intensos.
Las fuerzas de seguridad utilizaron helicópteros y drones en su ofensiva sobre las favelas de Alemão y Penha, dos de los territorios más poblados y conflictivos del norte de la ciudad. Los medios locales informaron que decenas de cuerpos fueron retirados de la zona en las primeras horas del operativo. La magnitud del accionar generó una inmediata reacción política y judicial tanto en Brasil como en los países vecinos.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció que enviará a su ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, y al director general de la Policía Federal a Río de Janeiro para coordinar acciones con el gobernador Claudio Castro. “No podemos aceptar que el crimen organizado siga destruyendo familias, oprimiendo a los residentes y propagando drogas y violencia por las ciudades. Necesitamos un trabajo coordinado que ataque la raíz del narcotráfico sin poner en riesgo a policías inocentes, niños y familias”, expresó Lula a través de su cuenta de X (antes Twitter). El mandatario insistió en la necesidad de una cooperación plena entre las fuerzas de seguridad: “Con la aprobación de la Enmienda de Seguridad que presentamos al Congreso Nacional, garantizaremos que las diferentes fuerzas policiales actúen conjuntamente para enfrentar a las facciones criminales”.
El impacto del operativo traspasó las fronteras brasileñas. En Bolivia, el presidente electo Rodrigo Paz solicitó al mandatario Luis Arce que adopte medidas inmediatas para reforzar el control en las fronteras. “El presidente electo del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz, exhorta al presidente Luis Arce Catacora a disponer, con carácter inmediato, todas las medidas de control y seguridad necesarias para evitar el ingreso al territorio nacional de integrantes de organizaciones criminales provenientes del Brasil”, señaló un comunicado oficial. Paz agregó que “el resguardo de nuestras fronteras y la protección de la ciudadanía boliviana deben ser una prioridad nacional, por encima de cualquier diferencia política”.
Desde Argentina, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció el refuerzo de las zonas fronterizas como medida preventiva ante un eventual “desbande” de grupos criminales. “Reforzamos las fronteras para proteger a los argentinos ante cualquier desbande que pueda generarse por los conflictos en Río de Janeiro. La seguridad de nuestro país, siempre primero”, publicó la funcionaria en X. En una carta dirigida a la secretaria de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, Bullrich pidió intensificar los operativos en las fronteras Este y Noroeste, activar la cooperación con las fuerzas de Brasil y Paraguay y distribuir un manual de reconocimiento de señales utilizado por grupos narcoterroristas.
Mientras tanto, en Río de Janeiro, el ministro de Justicia y el gobernador Castro ofrecieron una conferencia conjunta en la que anunciaron la creación de una mesa de emergencia para enfrentar al crimen organizado. “Será organizada por el gobierno estatal y federal, para que nuestras acciones sean 100% integradas a partir de ahora, incluyendo la superación de posibles obstáculos burocráticos. Integramos la inteligencia, respetaremos las competencias de cada agencia, pero con el objetivo de eliminar las barreras para lograr una verdadera seguridad pública”, explicó Castro.
El Ministerio Público de Río de Janeiro también inició una investigación para determinar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en la masacre. El fiscal general, Antonio José Campos Moreira, confirmó que “se examinarán los hechos de acuerdo con las pruebas técnicas y los testimonios que se presenten”.
El propio ministro Lewandowski reconoció desde Brasilia que “la operación fue extremadamente cruenta, especialmente violenta”, y que el presidente Lula quedó “horrorizado con el número” de víctimas. “Veremos si es compatible con el Estado democrático de derecho”, advirtió antes de viajar a Río.
El saldo del operativo reavivó el debate sobre la actuación de las fuerzas de seguridad y el límite entre el combate al narcotráfico y la violación de los derechos humanos. La ciudad amaneció bajo fuego, con más de un centenar de muertos y un clima de tensión que pone a prueba la respuesta institucional del Estado brasileño.
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