El expresidente francés enfrentará prisión por financiación ilícita de campaña

El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado este jueves 25 de septiembre a cinco años de prisión por asociación ilícita en el caso de presunta financiación de su campaña presidencial de 2007 por parte del exlíder libio Muamar Gadafi. La justicia francesa pidió la aplicación inmediata de la condena, por lo que Sarkozy podría ser encarcelado en el plazo de un mes, aunque anunció que recurrirá la sentencia y aseguró que es "inocente".

El tribunal de París sostuvo que el exmandatario permitió que colaboradores cercanos obtuvieran apoyos financieros ilícitos durante su campaña electoral, y lo declaró responsable junto a otras 11 personas, entre ellas su exmano derecha Claude Guéant y el exministro Brice Hortefeux, condenados también por corrupción y asociación ilícita. El tesorero de la campaña, Éric Woerth, fue absuelto.

El caso se basó en declaraciones de exdignatarios libios, transferencias de dinero y los cuadernos del exministro de Petróleo Shukri Ghanem, fallecido en 2012 en Viena. Según los investigadores, a cambio de los fondos Gadafi habría recibido promesas de apoyo para restaurar su imagen internacional. La muerte reciente del empresario franco-libanés Ziad Takieddine, acusador clave del caso, añadió un giro polémico, dado que su testimonio fue intermitente y contradictorio.

Sarkozy, de 70 años, ya arrastra un historial judicial significativo: fue condenado previamente a prisión por corrupción y tráfico de influencias en el caso de las "escuchas" y enfrenta otras causas pendientes, como el caso "Bygmalion", por la financiación de su campaña de 2012. Pese a esto, continúa siendo un político influyente en Francia y mantiene contactos con el actual presidente Emmanuel Macron.

El fallo no solo afecta a Sarkozy, sino que también plantea cuestionamientos sobre la impunidad en la política de alto nivel y el alcance real de la justicia frente a exmandatarios con redes internacionales de influencia. La sentencia refuerza la percepción de que, incluso décadas después, los excesos financieros y la manipulación de campañas electorales pueden derivar en consecuencias judiciales, aunque con un proceso largo y mediático que deja espacio a la controversia política.