Primer amparo contra la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad

 

El Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, fruto de años de lucha y recientemente aprobada tras el veto presidencial de Javier Milei, pero suspendió su ejecución hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento en el presupuesto. La medida generó un fuerte rechazo de organizaciones y especialistas, que cuestionan su legalidad.

El Decreto 681, publicado en el Boletín Oficial, establece que la ley “queda suspendida en su ejecución” según el artículo 5 de la Ley 24.629, hasta que el Congreso “determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que ella misma prevé”.

“Es nulo de nulidad absoluta e insanable e inconstitucional al violar objetivamente el procedimiento de formación y sanción de las leyes, como así también, lesionar los derechos de las personas con discapacidad”, advirtió el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, representante de la familia de Ian Moche, un niño autista de 12 años agredido por Milei en redes sociales.

A pocas horas de la publicación del decreto, se presentó el primer pedido de amparo colectivo ante el Juzgado Federal de Campana. La demanda desglosa los recursos disponibles, desmintiendo la versión oficial: mientras la ley requiere $3 billones (0,35% del PBI), existen $2,3 billones reconocidos por el Gobierno, dejando un déficit de $717 mil millones (0,08% del PBI). En comparación, la gestión actual realizó 19 modificaciones presupuestarias en 20 meses, todas por montos superiores.

Organizaciones sociales y referentes del sector manifestaron su profundo repudio. Eduardo Maidana, del Foro Permanente Discapacidad, afirmó: “La situación es gravísima. Este decreto en mi opinión es nulo, porque no puede suspender la ejecución de una ley, no existe eso”. Señaló además que los argumentos oficiales son una “artimaña para desfinanciar al sistema de discapacidad y suspender pensiones”.

Andrea Cañas, de Familias CEA en Córdoba, expresó: “Es una muestra del poco respeto que este gobierno tiene no sólo hacia las instituciones, sino hacia las personas que como autoridades representan. La situación de deterioro moral, ético e institucional es realmente muy triste”. Lourdes Farías, directora bonaerense de Acceso e Inclusión en Salud, agregó: “Están condenando a todas las personas con discapacidad, llevando a la quiebra a todos los prestadores. Es muy inhumano”.

El diputado socialista Esteban Paulón calificó la suspensión como un acto de “cinismo y crueldad”, y anunció que, si la ley no se cumple para el 4 de octubre, ampliarán la denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, acusó al presidente Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, de pretender no aplicar la ley bajo el argumento de falta de fondos, mientras que sí existen recursos para el agro. Myriam Bregman, referente del FIT, criticó que las medidas favorecen la fuga de capitales y perjudican la emergencia en discapacidad.

El abogado Gil Domínguez explicó que el artículo invocado por el Ejecutivo no es aplicable, ya que no hay una ley de presupuesto vigente, y señaló que una ley posterior y especial puede derogar parcial o totalmente normas anteriores para garantizar derechos constitucionales y tratados internacionales. Además, destacó que las personas afectadas pueden promover acciones de amparo, denuncias penales y solicitudes de juicio político contra el Presidente por incumplimiento de deberes.

Este lunes se presentó el primer amparo contra la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad, dando inicio a la vía judicial que buscará revertir el Decreto 681.